En la madrugada de este miércoles, representantes del Ministerio Público, junto con agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, llevaron a cabo un allanamiento en la residencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ubicada en el distrito de La Molina. Esta intervención ocurre poco más de dos semanas después de un primer operativo en su domicilio.
El motivo del allanamiento, según confirmó el propio Santiváñez, es una investigación por presunto tráfico de influencias. Se le imputa haber solicitado 20 mil dólares a un cliente en su etapa como abogado para influir en una decisión del Tribunal Constitucional. En declaraciones a la prensa, el ministro rechazó las acusaciones, asegurando que no tiene vínculos con magistrados de dicha entidad y calificó la diligencia como «un show de la Fiscalía».
Este nuevo allanamiento se da en un contexto tenso para Santiváñez, quien enfrenta cuatro mociones de censura en el Congreso, en medio de una creciente crisis de inseguridad ciudadana. La diligencia también revive la controversia del operativo anterior, realizado el pasado 3 de marzo, cuando la Fiscalía investigaba al ministro por presunto abuso de autoridad. En aquella ocasión, se le requirió la entrega de su teléfono celular, el cual fue entregado formateado, lo que generó suspicacias sobre una posible obstrucción a la investigación.
El caso de Santiváñez se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Mientras la Fiscalía defiende la legalidad de su actuación, el ministro y sus aliados han denunciado una supuesta persecución política en su contra. En los próximos días, el Congreso debatirá su permanencia en el cargo, un factor clave que podría definir el futuro del titular del Interior.
