Un total de 657 niñas, niños y adolescentes en el país dependen todavía de una sentencia judicial para poder ser adoptados o acceder a una medida de protección permanente, informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que activó junto con el Poder Judicial una operación nacional para destrabar estos casos.
La medida busca acelerar la atención de expedientes ya ratificados administrativamente y que ahora solo requieren una resolución judicial para avanzar hacia una familia o una alternativa de protección definitiva.
De acuerdo con el Oficio N.° D000190-2026-MIMP-DPE, remitido el 17 de abril de 2026, el MIMP entregó al Poder Judicial la relación de los 657 casos que ya cuentan con informe final y están listos para sentencia. Se trata de menores que esperan la declaración judicial de desprotección familiar, la extinción de la patria potestad o la adoptabilidad consentida.
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, remarcó que detrás de cada expediente hay una historia marcada por la espera y la necesidad de una respuesta rápida del Estado.
Según indicó, el objetivo es garantizar que estos menores puedan ejercer su derecho a vivir en familia sin seguir atrapados en procesos prolongados.
Del total de expedientes remitidos, el 41 % corresponde a adolescentes de entre 12 y 17 años, el 32 % a niñas y niños de 6 a 11 años, y el 27 % a menores de hasta 5 años. En cuanto a la distribución por sexo, el 53 % son mujeres y el 47 % son hombres.
La titular del MIMP destacó además el papel de las Unidades de Protección Especial, encargadas de evaluar cada caso, dictar medidas de protección, acompañar procesos complejos y articular con diversas instituciones para que las decisiones respondan al interés superior del niño.
Como parte de esta estrategia, se desarrollará la Campaña Nacional Simultánea de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes, que se llevará a cabo del 5 al 29 de mayo en las 20 Cortes Superiores de Justicia del país.
La finalidad de esta campaña será contribuir a la descarga de expedientes judiciales vinculados a desprotección familiar y adopción, uno de los principales cuellos de botella para que cientos de menores puedan acceder a un hogar definitivo.
Con esta acción conjunta, el MIMP y el Poder Judicial buscan reducir los tiempos de espera y dar prioridad a casos en los que la demora judicial puede seguir postergando el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar seguro y estable.
