La expresidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), María Jara Risco, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra los actuados que conllevaron su cese de la institución, la cual considera “ilegal”.
Como se recuerda, el último 11 de mayo, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N.º 007-2023-MTC, el mismo que modificó – en parte – el artículo del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la ATU.
En ese sentido, las nuevas y actuales causales de vacancia o remoción de los miembros del Consejo Directivo de la ATU, serían las siguientes: Fallecimiento, Incapacidad permanente, Renuncia aceptada, Impedimento legal sobreviniente a la designación, Remoción por falta grave e Inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco no consecutivas del Consejo Directivo, en el periodo de un año, salvo licencia autorizada.
Posteriormente, al día siguiente, el MTC publicó dos resoluciones supremas (009-2023-MTC y 010-2023-MTC), las mismas que estipularían la salida del cargo Jara Risco y la designación de José Aguilar Reátegui en su reemplazo, respectivamente.
Al considerar “ilegal” dicho proceder por parte del Poder Ejecutivo y del MTC, la ahora exfuncionaria presentó el recurso constitucional, a fin de que queden sin efecto dichos documentos y, por ende, pueda ser restituida en el cargo como jefa de la ATU.
Según la acción de amparo presentada, Jara Risco manifiesta la vulneración de sus derechos fundamentales al “ejercicio pleno de la función pública y al debido proceso, así como el principio-derecho a la seguridad jurídica y el principio-derecho de la interdicción de la arbitrariedad”.
En esa línea, solicita la inaplicación total del Decreto Supremo N.º 007-2023-MTC y la nulidad de las resoluciones supremas (009-2023-MTC y 010-2023-MTC). En tal sentido, busca la aplicación de la Resolución Suprema N.º 004-2019-MTC, la cual la nombra en el cargo. Finalmente, requirió también la “reposición inmediata” al cargo que presidía.
