La comunidad latina en Atlanta, Georgia, enfrenta días de creciente temor y tensión ante el avance de redadas migratorias en tiendas y arrestos en carreteras, llevados a cabo por autoridades de inmigración en conjunto con la Patrulla Estatal. Estas acciones han provocado protestas y arrestos, en medio de lo que muchos consideran una ofensiva directa contra los inmigrantes hispanos.
Desde la semana pasada, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) han intensificado operativos en zonas con alta presencia latina, como Buford Highway, donde se ha reportado la detención de trabajadores que se desplazaban en camionetas hacia sus centros laborales. Esta área es reconocida como uno de los principales ejes comerciales y sociales de la comunidad hispana en el estado.
Steven Schrank, jefe de HSI en Atlanta, confirmó que estas acciones no solo seguirán, sino que se intensificarán: “Arrestamos a más de un centenar de inmigrantes cada día en Georgia”. Sus declaraciones han alimentado la preocupación en sectores donde ya se percibe un ambiente de persecución.
Protestas y tensión creciente
La indignación ante estas políticas ha dado paso a manifestaciones. En Atlanta, una protesta pacífica en Buford Highway derivó en enfrentamientos con la policía luego de que un grupo reducido lanzara piedras y fuegos artificiales, lo que dejó seis detenidos y daños a vehículos oficiales. Estas protestas se suman a las iniciadas en Los Ángeles, en rechazo a la política migratoria federal y los operativos masivos.
Miedo en los centros de trabajo
Los operativos también han alcanzado tiendas de materiales de construcción y mejoras para el hogar, puntos comunes de encuentro para trabajadores hispanos. En consecuencia, muchos inmigrantes han optado por no salir de casa o evitar áreas públicas, a la espera de que “pase la tormenta”, como algunos expresan con resignación.
La ofensiva ha sido asociada por líderes comunitarios con un endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas durante la gestión del expresidente Donald Trump, que aún tienen efectos vigentes a nivel estatal.
Mientras tanto, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles han pedido el cese inmediato de los operativos, denunciando que se está generando un clima de hostigamiento e inseguridad en la población migrante, particularmente entre los trabajadores indocumentados.
