El Estado que se rinde ante el delito
El proyecto de ley presentado en el Congreso —aparentemente bienintencionado— propone que las personas o empresas víctimas de extorsión puedan deducir los pagos realizados a delincuentes como parte de sus gastos válidos ante la SUNAT.
En el papel, suena “solidario”. En la práctica, es un despropósito que desarma moral, fiscal y simbólicamente al Estado.
Aceptar este tipo de deducciones equivale a legitimar la extorsión, reconociendo al crimen como un actor económico más dentro del sistema tributario. Es, en términos claros, legalizar el miedo.
Normalizar el delito: el riesgo de un Congreso desconectado
El Parlamento peruano parece haber olvidado su rol de garante del orden legal. Lo que debería ser un espacio de formulación de leyes orientadas al bien común se ha convertido en una fábrica de normas absurdas, improvisadas y éticamente cuestionables.
Este proyecto, al igual que otras iniciativas recientes, muestra la desconexión absoluta de los legisladores con la realidad ciudadana:
un país que clama por seguridad, justicia y autoridad, recibe a cambio un mensaje que dice: “No podemos protegerte del crimen, pero puedes descontarlo de tus impuestos.”
El mensaje político y comunicacional que transmite esta iniciativa es devastador: El Congreso renuncia a combatir el delito y lo integra como parte funcional del sistema.
Y cuando el poder legislativo deja de representar al ciudadano para legislar con lógica contable sobre el crimen, la frontera entre legalidad y barbarie se diluye.
La crisis de confianza y el costo reputacional del Estado
Desde la comunicación política y reputacional, este proyecto no solo vulnera principios jurídicos: mina la credibilidad del Estado ante los ojos de la ciudadanía.
En un contexto donde la gente ya no confía en la policía, la fiscalía ni en el Congreso, una ley así transmite una idea fatal: “Estamos solos frente al crimen. El Estado ya no puede (ni quiere) protegernos.”
Cada vez que el Estado legitima el miedo, pierde autoridad moral. Y cuando el miedo se vuelve parte del sistema, el crimen gana. La reputación institucional no se destruye con un escándalo mediático, sino con pequeñas renuncias éticas acumuladas en el tiempo.
Y esta, sin duda, sería una de las más graves.
Un país que financia su propia extorsión
El proyecto no solo es éticamente cuestionable, sino técnicamente inviable. Si los pagos por extorsión se vuelven deducibles, bastaría una declaración jurada para justificar “pérdidas” inexistentes.
En otras palabras, el Estado abriría la puerta a la evasión, al lavado de activos y al fraude tributario, disfrazados de extorsión. El absurdo llega al extremo de imaginar un escenario en que el monto pagado a delincuentes supere el impuesto a pagar, obligando al Estado a devolver dinero público al contribuyente. En resumen: el Estado financiaría indirectamente al crimen organizado.
¿Quién gana con esto?
No las víctimas, sino los corruptos, los evasores y los extorsionadores que encontrarán un nuevo resquicio legal para operar con impunidad.
Lo que el Estado debería hacer (y no hace)
El problema de fondo no es tributario, sino estructural: la ausencia del Estado frente a la criminalidad.
En lugar de crear mecanismos contables para convivir con el delito, se debería fortalecer la seguridad ciudadana, proteger testigos, acelerar la persecución penal y fomentar la denuncia.
Convertir la extorsión en una categoría fiscal es aceptar que el Estado ha perdido la guerra. Y en política, nada destruye más la legitimidad que la resignación.
Conclusión:
El proyecto de ley 12793 es el reflejo más claro de un Congreso que legisla sin moral, sin técnica y sin conexión con el país real.
En un momento en que el crimen organizado asfixia la economía y el miedo paraliza a la ciudadanía, el Estado no puede ser cómplice contable del delito. La extorsión no se deduce, se combate.Y la confianza no se decreta, se recupera con coherencia, liderazgo y justicia real.
