El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión continúa en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, pese a su ausencia en la última audiencia debido a una descompensación que lo llevó de emergencia al Hospital II Vitarte de Essalud. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que el exmandatario, recluido en el penal Barbadillo, inició una huelga de hambre como forma de protesta por el proceso judicial en su contra.
La sesión judicial se desarrolló sin la presencia de Castillo, quien rechaza la defensa pública asignada por el Estado. Su abogado de oficio solicitó la suspensión de la audiencia debido al estado de salud del exjefe de Estado, pedido que se encuentra en evaluación por el tribunal.
Castillo, quien enfrenta una posible condena de 34 años de prisión y el pago de una reparación civil superior a los 65 millones de soles, sostiene que es víctima de una persecución política. En un manuscrito, el exmandatario aseguró que se le han vulnerado derechos y cuestionó la imparcialidad del tribunal que lo juzga.
El INPE, por su parte, ha iniciado un proceso administrativo disciplinario contra él, argumentando que la negativa a ingerir alimentos como acto de protesta constituye una falta grave dentro del régimen penitenciario. Como consecuencia, el exmandatario ha sido aislado y se le han restringido las visitas.
Detalles del proceso judicial
El caso no solo involucra a Pedro Castillo, sino también a exfuncionarios de su gobierno. La Fiscalía ha señalado como coautores del delito de rebelión a Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez, expresidentes del Consejo de Ministros; Willy Huerta Olivas, exministro del Interior; y a los exoficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez, este último actualmente en Suiza.
El Ministerio Público ha solicitado para ellos penas de entre 15 y 25 años de prisión, además de una reparación civil conjunta de más de 64 millones de soles. La acusación se sustenta en 65 pruebas documentales, declaraciones de 69 testigos y diversas pericias forenses y grafotécnicas.
El juicio oral se centra en los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo anunció en un mensaje televisado la disolución del Congreso y la reorganización de diversas instituciones del Estado, intento de ruptura constitucional que fue frustrado por las autoridades.
