Tras llevarse a cabo la audiencia de pedido de prisión preventiva contra el expresidente, Pedro Castillo, y sus dos exministros, Juan Silva y Geiner Alvarado; el Poder Judicial (PJ) informó que el juez Juan Carlos Checkley Soria dará a conocer su fallo este jueves 9 de marzo, desde las 3:00 p. m.
Como se recuerda, la Fiscalía atribuye a los mencionados las presuntas comisiones de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, en relación a los casos Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda.
Durante la diligencia, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza Salas detalló 283 graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los delitos que les imputa. Además, de revelar declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, testigos, actas, reportes y otros.
En esa línea, la referida fiscal mencionó que de comprobarse los cargos que se le acusan a Castillo Terrones, este podría recibir hasta 32 años de cárcel.
Vale precisar que, durante el acto, Meza Salas aseveró que Castillo Terrones tuvo una función clave dentro de la presunta organización criminal, al ser presidente de la República y con ello viabilizar el copamiento del Ministerio de Vivienda, a través de Geiner Alvarado.
Asimismo, se le imputa de haber designado a personas «útiles y manipulables» dentro del Sector Vivienda y en la Superintendencia de Bienes Estatales.
Sobre el accionar de Juan Silva al mando del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la fiscal señaló que este tenía como finalidad captar a empresarios y funcionarios del ministerio y que al mismo tiempo era el “brazo político” del entonces mandatario.
En referencia al caso que se le investiga, Silva Villegas habría intervenido en la designación de integrantes de Provías y del Comité que licitó el Puente Tarata III a Termirex.
Al momento de referir los cargos contra Castillo Terrones, la fiscal indicó que no tiene domicilio, ni arraigo laboral y familiar ya que, su esposa y sus hijos están asilados en México. Además, viene cumpliendo actualmente otra orden de prisión preventiva por 18 meses por el delito de rebelión, tras su intento de golpe de Estado.
Del mismo modo, refirió que el expresidente ha intentado eludir su responsabilidad, a tal punto que trató de huir del país en diciembre pasado.
En tal sentido, la fiscal sostuvo que existen suficientes elementos de convicción para sostener que la presunta organización criminal y sus efectos “siguen aún en vigencia».
Las defensas:
Los abogados de los procesados solicitaron declarar infundado el pedido fiscal, debido a que, presuntamente, no se cumplen los requisitos que establece el Código Procesal Penal para imponer la medida restrictiva.
Finalmente, el propio Pedro Castillo intervino en la diligencia para negar toda responsabilidad penal en su contra. «Niego rotunda y categóricamente que soy autor o formo parte de una organización criminal», mencionó. Asimismo, señaló estar “secuestrado” y que le han “armado los delitos”.
