El asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, ha generado una ola de indignación en distintos sectores del país, incluyendo los gremios empresariales, que exigen cambios inmediatos en la política de seguridad del Gobierno.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha solicitado la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, argumentando que la estrategia actual no ha logrado frenar el avance de la criminalidad. «El país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Es urgente un liderazgo firme y con experiencia para implementar soluciones efectivas», señala el comunicado del gremio.
Por su parte, Mypes Unidas del Perú alertó sobre el impacto de la inseguridad en los pequeños empresarios, resaltando la necesidad de una reforma integral en la lucha contra la delincuencia. «El asesinato de Paul Flores es una muestra del abandono en el que se encuentran los ciudadanos. Es momento de que el Gobierno actúe con determinación», expresaron en su pronunciamiento.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) también se sumó a las críticas, exigiendo mayor coordinación entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial para enfrentar la criminalidad organizada. «No basta con declaraciones y medidas temporales. Necesitamos resultados concretos», enfatizaron.
El empresario Carlos Añaños, fundador de AJEGROUP, se pronunció en redes sociales, señalando que la crisis de seguridad ha alcanzado niveles alarmantes. «Hemos tocado fondo. La violencia y la extorsión nos han dejado indefensos. Es hora de exigir cambios reales», manifestó.
Ante el clamor de distintos sectores, el Gobierno enfrenta una creciente presión para reestructurar su estrategia de seguridad y responder con medidas efectivas a la ola de criminalidad que golpea al país.
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