Con el objetivo de reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados, cometidos durante una manifestación en el marco de la vigencia de la declaratoria de un estado de emergencia, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso a fin de que pueda debatirse una serie de reformas al Código Penal y Nuevo Código Procesal Penal.
La iniciativa fue remitida por el Gobierno al titular del Parlamento, José Williams Zapata, para que pueda ser sometido “con carácter de urgencia”, amparándose en el artículo 105 de la Carta Magna.
En ese sentido, el texto firmado por la presidenta, Dina Boluarte, y el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, busca la modificación de los artículos 121, 122, 159, 186, 189, 200, 204, 206, 273, 279, 279-A, 279-B, 279-G, 280, 283, 315, 365, 366 y 367 del Código Penal.
Asimismo, de aprobarse el texto, aumentarían las penas de los siguientes delitos en los rangos mencionados:
Lesiones leves: con una pena actual de 2 a 5 años, pasarían a aumentar en una sanción de 8 a 14 años.
Formas agravadas de daño de bienes: con una pena actual de 1 a 6 años, pasarían a aumentar en una sanción de 4 a 8 años.
Atentado contra medios de transporte: con una pena actual de 3 a 6 años, pasarían a aumentar en una sanción 8 a 20 años.
Entorpecimiento al funcionamiento de Servicios Públicos: con una pena actual de 6 a 8 años, pasarían a aumentar en una sanción de 8 a 10 años.
Disturbios: con una pena actual de 6 a 8 años, pasarían a aumentar en una sanción no menor de 15 años.
A la fecha, el proyecto ya se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidido por el congresista Américo Gonza Castillo (Perú Libre), para su eventual evaluación.
