Tras la reciente fuga de un interno del penal de San Juan de Lurigancho, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que el Gobierno encargará al sector privado la administración de los accesos a los penales, comenzando por aquellos considerados de mayor riesgo.
Durante su exposición ante la Comisión de Justicia del Congreso, Arana adelantó que en los próximos días se emitirá un Decreto de Urgencia que permitirá convocar un concurso público para que una empresa especializada asuma esta función. “El INPE no puede hacerlo solo. Llevamos más de diez años con equipos como los bodyscan y rayos X sin funcionar”, subrayó.
Precisó que la vigilancia y control interno de los reclusos seguirá bajo responsabilidad del Estado. Sin embargo, la intervención privada busca reforzar la seguridad en los puntos de ingreso y egreso, donde se han evidenciado mayores vulnerabilidades.
En paralelo, el ministro anunció otra medida clave: la presidenta Dina Boluarte firmará el reglamento del Decreto Legislativo 1688, el cual establece que las operadoras de telecomunicaciones deberán evitar que las señales externas lleguen a los establecimientos penitenciarios. “Este es un paso firme para impedir comunicaciones ilegales desde las cárceles”, afirmó.
Actualmente, 26 de los 33 penales del país ya cuentan con bloqueadores de señal celular, y se prevé que en los próximos meses se complete la instalación en los cinco restantes.
