Frente a los últimos crímenes de ciudadanos extranjeros ilegales que se vienen suscitando en el país y el estado de vulnerabilidad en que se encuentran nuestras fronteras, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, manifestó esta tarde que el Ejecutivo acordó «decisiones muy importantes en materia migratoria«.
«Estamos estudiando informes de los sectores, entendemos que la principal obligación como Gobierno y el Estado es proteger la seguridad y vida de los ciudadanos peruanos, sin olvidar la seguridad y vida de aquellas personas que han ingresado legalmente al país y tienen derecho a la prestación de servicios públicos«, señaló desde los exteriores de Palacio.

En ese sentido, refirió que en el Perú hay entre 300 000 a 400 000 extranjeros (en su mayoría de nacionalidad venezolana) en condición ilegal y teniendo en consideración la alta criminalidad que representa, afirmó que van a «tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad e integridad de los peruanos«.
«Vamos a legislar y regular claramente sobre este tema (migratorio)», aseguró.
Asimismo, manifestó que, desde la apertura de las políticas migratorias en favor de los ciudadanos venezolanos en el año 2017, han ingresado más un millón de foráneos al Perú. Sin embargo, expresó que el Estado no estuvo preparado para la provisión de servicios públicos esenciales.
En esa línea, el ministro del Interior, Vicente Romero, informó han presentado una solicitud a fin de que el personal de las Fuerzas Armadas se constituya a las fronteras, principalmente a Desaguadero, Santa Rosa, el norte del país y la zona del Putumayo.
De igual forma, sostuvo que 200 agentes policiales y personal de Migraciones han reforzado la zona fronteriza con Chile, debido a la presencia de extranjeros de nacionalidad venezolana, colombiana y haitiana que están buscando ingresar al país a todo costo.
Además, expresó que se está evaluando la forma de llevar a la frontera norte a aquellos extranjeros que desean regresar a su país de origen.
Finalmente, recalcó que no se está permitiendo la entrada al país a ningún ciudadano extranjero que no se encuentre debidamente documentado.










