La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar al congresista Guillermo Bermejo Rojas, como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado.
El proceso corresponde el caso «Los operadores de la Reconstrucción», presunta organización criminal a la que pertenecería el también exparlamentario de Perú Libre.
Como se recuerda, el pasado 17 de agosto, un total de 12 personas fueron detenidas preliminarmente por parte de los agentes del Equipo Especial de la PNP, en un megaoperativo conjunto que también contó con la participación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder del Ministerio Público.
Entre los detenidos figuran Francisco Javier Jara Aguirre y Yul Osterlin Valdivia Beteta, asesores Bermejo Rojas y también Robert López López, exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
Según la teoría fiscal, los miembros de «Los operadores de la Reconstrucción» se encargaban de conseguir presupuestos y colocar empresas ganadoras en la institución en mención a cambio de fuertes sumas de dinero.
En ese sentido, la hipótesis del Ministerio Público involucra directamente al congresista en referencia ya que, en las últimas horas un colaborador eficaz señaló a la Fiscalía que Guillermo Bermejo y sus asesores cobraron el 2 % del monto de un contrato financiado por la ARCC. Es decir, el legislador aparentemente obtuvo el 1,5 % y Francisco Javier Jara Aguirre y Yul Osterlin Valdivia Beteta se repartieron el otro 0,5 %.
De acuerdo a la investigación realizada por El Comercio, fueron S/ 40 000 los que fueron destinados para Bermejo y su equipo como parte de un proyecto que involucra tres colegios ubicados en Piura.
Vale recordar que, en el megaoperativo de allanamiento y detención llevado a cabo en 49 inmuebles ubicados en Lima, Piura, San Martín, Áncash y Huánuco, fue incautado más de S/ 100 mil en efectivo y armas de fuego.
Dato:
El caso también tendría relación con el expresidente Pedro Castillo Terrones ya que, Robert López López fue designado en el cargo en mayo del año pasado, es decir, durante su gestión al mando del Ejecutivo.
No obstante, habría sido recomendado por Alejandro Sánchez Sánchez (prófugo y propietario de la casa ubicada en Sarratea – Breña) para que asuma la ARCC, esto según la declaración de Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda durante la administración de Geiner Alvarado.
Asimismo, en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, bajo la administración de Robert López López, también se habría seguido la orden de Aníbal Torres para recolectar dinero a favor del exjefe de Estado para costear su defensa legal frente a las diversas investigaciones por casos de corrupción que afrontaba.
Pedido de prisión preventiva
Por el caso en cuestión, Robert López López y otros cinco investigados, afrontan un pedido de 36 meses de prisión preventiva.
El requerimiento viene siendo evaluado por el juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria – Corte Superior Nacional.
