La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) expresó una profunda preocupación ante las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sobre un anunciado viraje en la administración de Petroperú. Según la organización sindical, las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo reflejan la continuidad del mismo esquema de reestructuración que no ha generado logros verificables para fortalecer a la empresa ni asegurar su sostenibilidad económica.
El gremio cuestionó que se anuncie una nueva etapa operativa mientras se ratifica o designa en la presidencia del Directorio a Oliver Stark Preuss, directivo vinculado a la estrategia previa que promovía la administración privada y el desprendimiento de unidades de negocio estratégicas. Aparte de señalar estas contradicciones en el discurso oficial, la representación de los trabajadores advirtió que la petrolera continuará bajo los alcances de los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y N° 003-2026, lo que somete sus operaciones a mecanismos de supervisión ligados a ProInversión que restringen su autonomía técnica y financiera.
¿Qué resultados muestra el proceso de reestructuración a cargo de ProInversión?
Frente a las afirmaciones de la cartera de Economía sobre supuestos avances significativos en la reorganización, la federación remarcó la ausencia de evidencias públicas que acrediten mejoras sustanciales en la gestión empresarial. Tras siete meses de implementación del plan y la asignación de considerables recursos públicos, el sindicato reiteró la necesidad de revisar de forma integral la actuación de ProInversión y determinar si el modelo aplicado cumplió con los objetivos trazados.
Adicionalmente, los representantes de los trabajadores resaltaron que, pese a las severas restricciones administrativas impuestas, Petroperú registró números positivos durante el primer semestre de 2026 gracias al esfuerzo directo de su personal operativo. Para el gremio, este desempeño demuestra la capacidad de la empresa estatal para contribuir a la seguridad energética del país dentro de un contexto internacional caracterizado por la volatilidad de los mercados de hidrocarburos.
¿Por qué la representación sindical exige una auditoría forense integral?
La dirigencia enfatizó que el proceso de modernización no debe utilizarse para fragmentar las operaciones ni reducir el rol estratégico de la compañía en el mercado nacional. «Si verdaderamente se pretende cambiar el rumbo de Petroperú, corresponde empezar por revisar críticamente el modelo de reestructuración aplicado hasta ahora y evaluar objetivamente sus resultados. No es posible esperar resultados distintos cuando se mantienen las mismas estrategias y los mismos responsables de un proceso que, hasta la fecha, no ha demostrado haber fortalecido a la empresa», señaló Rafael Noblecilla Escobedo, secretario general de FENPETROL.
En esa línea, la organización sindical solicitó la ejecución inmediata de una auditoría forense que revise exhaustivamente las decisiones patrimoniales de las gestiones anteriores y transparente el uso de los fondos públicos comprometidos en los rescates financieros. Asimismo, exigió que los antiguos administradores rincan cuentas de sus decisiones antes de definir las siguientes etapas de la política energética estatal.
¿Cuáles son las acreencias financieras que el Estado mantiene pendientes con la empresa?
Para consolidar una ruta de recuperación financiera sólida, el gremio exigió a la Junta General de Accionistas —integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas— cumplir con puntos clave como la predictibilidad de respaldo, la gobernanza técnica y el cobro de las deudas que el propio Estado mantiene con la petrolera. Entre los conceptos adeudados con corte a diciembre de 2025, figuran S/ 3,112 millones por crédito fiscal de la Amazonía y S/ 1,863 millones por la recuperación anticipada del IGV vinculada al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).
Tanto la transferencia de S/ 450 millones al Fondo de Pensiones de la ONP (Decreto Ley N° 20530) como las compensaciones por remediaciones en el Oleoducto Norperuano (S/ 408 millones) y en unidades privatizadas (S/ 200 millones) forman parte de la lista de pagos pendientes. A estas cifras se suman S/ 15 millones por abandono técnico de pozos y S/ 45,5 millones por abastecimiento de combustible a las Fuerzas Armadas, montos que, según la federación, resultan indispensables para sanear las cuentas de la compañía.
