Una deuda acumulada superior a los S/70 millones por parte del Seguro Social de Salud (EsSalud) mantiene en alerta a laboratorios, distribuidores de dispositivos médicos y empresas farmacéuticas. La falta de pagos podría generar un impacto directo en la atención de pacientes que dependen de tratamientos críticos en hospitales y centros de salud del país.
Según informes recibidos por la Comisión de Fiscalización del Congreso, los retrasos en los pagos corresponden a productos destinados a tratamientos para cáncer, VIH, hemofilia, enfermedades raras, y también a cirugías programadas y de emergencia. El temor generalizado entre pacientes y proveedores es que se produzca un desabastecimiento similar al ocurrido en años anteriores, cuando errores administrativos derivaron en crisis sanitarias.
“Estamos ante un problema que no es solo financiero, sino profundamente humano. Interrumpir terapias vitales puede significar un retroceso irreversible en la salud de los pacientes”, advirtió Karla Ruiz de Castilla, directora de la Asociación de Pacientes ESPERANTRA. También señaló que este tipo de prácticas genera un efecto dominó: los proveedores pierden confianza en el sistema, limitan el acceso a tecnologías médicas nuevas y elevan sus precios por los costos financieros asociados a la incertidumbre.
Desde el Congreso, fuentes parlamentarias confirmaron que la Comisión de Fiscalización exigirá a EsSalud un informe técnico que detalle el origen de la deuda y presente un cronograma de pagos. La intención es evitar que la situación se agrave al punto de necesitar compras de emergencia, que históricamente implican mayores costos para el Estado.
Carlos Morán, especialista en Compras Públicas, considera que la solución debe ser inmediata. “No podemos permitir que este tipo de retrasos vuelva a ocurrir. La continuidad de tratamientos médicos depende de una gestión responsable, con previsión presupuestal y cumplimiento contractual”.
Por ahora, EsSalud no ha emitido un pronunciamiento oficial. Mientras tanto, miles de pacientes viven con la incertidumbre de si contarán con sus medicamentos o procedimientos en las próximas semanas.
La situación pone en evidencia no solo un problema de liquidez, sino también una falla estructural en la planificación del gasto en salud. La deuda con proveedores no es un tema administrativo menor; impacta directamente en la vida de personas en situación de vulnerabilidad que dependen del sistema público para sobrevivir.
Si no se toman medidas correctivas a corto plazo, el sistema corre el riesgo de un colapso parcial que afecte tanto la atención médica como la reputación institucional de EsSalud.
