El Segundo Juzgado Constitucional de Lima ha admitido a trámite la demanda de amparo presentada por la presidenta Dina Boluarte, quien busca la anulación de la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación en su contra. La acusación, que data de noviembre del 2023 y se refiere a los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023, será objeto de una audiencia programada para mayo.
La mandataria, a través de su defensa legal, busca no solo la anulación de la denuncia constitucional sino también la nulidad de la carpeta fiscal que contiene la investigación sobre las trágicas muertes y lesiones ocurridas durante dichas manifestaciones. Según la imputación, Boluarte, en su calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, habría omitido deliberadamente tomar medidas para garantizar la vida y la integridad física de los ciudadanos, lo que resultó en el uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte del personal policial y militar a su cargo.
La denuncia constitucional, que también involucra a figuras como Alberto Otárola (entonces ministro de Defensa) y exministros del Interior, como César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, ha sido objeto de controversia en días recientes. El abogado de Boluarte, Joseph Campos, había alegado que la denuncia carecía de soporte fáctico, anunciando su intención de solicitar la nulidad.
La juez supernumeraria Ana Del Rosario Osorio Sosa será la encargada de pronunciarse sobre el fondo del pedido de Boluarte. La demandante busca que se declare nula la denuncia constitucional y se deje sin efecto la carpeta fiscal correspondiente, solicitando, en consecuencia, el archivo de la investigación en curso.
La audiencia programada para mayo será crucial para determinar el curso de este caso que ha capturado la atención pública, donde se espera que se discutan los argumentos presentados por ambas partes y se tome una decisión sobre el destino de la denuncia constitucional que pesa sobre la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios del Gobierno.
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