Una investigación periodística reveló una serie de presuntas irregularidades en contrataciones y ascensos dentro de la Defensoría del Pueblo, institución encabezada por Josué Gutiérrez Cóndor.
Según un reportaje de Cuarto Poder, los registros oficiales de visitas muestran que varias personas que posteriormente accedieron a órdenes de servicio o contratos bajo el régimen CAS habían sostenido reuniones previas con el defensor del Pueblo.
La abogada especializada en contratación pública Jhoanna Rodríguez cuestionó esta situación y señaló que resulta llamativo que personas que visitaron a altos funcionarios terminaran accediendo posteriormente a contratos con la institución.
Contratos tras reuniones con el defensor
Uno de los casos mencionados en el reportaje es el de Lucía Yalán Cano, quien visitó el despacho de Gutiérrez el 12 de junio de 2024.
Según la investigación, Yalán no tenía experiencia previa en el sector público. El 2 de agosto de ese año obtuvo su Registro Nacional de Proveedores y, diez días después, recibió su primera orden de servicio.
Posteriormente acumuló cinco órdenes y pasó al régimen CAS como asistente administrativa.
Al ser consultada sobre su visita al defensor del Pueblo antes de ser contratada, inicialmente negó el encuentro, luego lo reconoció y posteriormente indicó que no lo recordaba con precisión.
El reportaje también mencionó el caso de Nicole Mingos Medrano, quien visitó en dos oportunidades el despacho de Gutiérrez el 30 de julio de 2024.
Tres días después obtuvo su Registro Nacional de Proveedores y posteriormente recibió cuatro órdenes de servicio antes de ser contratada bajo el régimen CAS.
Contraloría observó experiencia para jefatura
Las observaciones también alcanzaron cargos de mayor responsabilidad dentro de la Defensoría.
El 25 de julio de 2024, Betbiary Díaz Coral fue designada jefa del Programa del Derecho a la Salud, puesto que requería un mínimo de cuatro años de experiencia específica.
De acuerdo con el reportaje, la Contraloría General de la República observó que Díaz Coral no acreditaba el tiempo requerido para ocupar el cargo.
Tras dejar la jefatura en enero de 2025, fue reincorporada como asesora I de la Subadjunta para el Derecho a la Salud y, posteriormente, ascendida al cargo de adjunta.
Rodríguez cuestionó que, pese a las observaciones sobre el perfil, la funcionaria continuara siendo designada en otros puestos dentro de la institución.
Reportan posible conflicto de interés
Otro de los casos expuestos corresponde a Margarita Yahuana Correa, quien anteriormente trabajó para la bancada a la que pertenecía Gutiérrez cuando fue congresista.
Mientras laboraba bajo el régimen CAS en la Defensoría, Yahuana participó en marzo de 2024 en un concurso público interno para acceder al régimen laboral 728.
Según un informe del Órgano de Control Institucional, Yahuana recopiló y consolidó información relacionada con procesos de contratación, incluido el concurso en el que participaba como postulante.
El informe señaló que esta situación habría vulnerado los principios de transparencia y neutralidad del proceso.
Tras ganar el concurso, su remuneración pasó de S/7.050 a S/14.906.
Fuentes de la Defensoría citadas por el reportaje señalaron que las recomendaciones del informe de control fueron corregidas.
Desde septiembre de 2025, Yahuana ocupa el cargo de directora general de Administración Interna de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
“Uno no puede ser juez y parte”, señaló Rodríguez al referirse a la participación de una persona en un proceso en el que previamente tuvo acceso a información relacionada con la convocatoria.
Las denuncias se producen en medio de nuevos cuestionamientos hacia la gestión de Josué Gutiérrez, quien también afronta una denuncia constitucional por declaraciones realizadas recientemente sobre el escenario político nacional.
