El cáncer infantil es una de las luchas más desafiantes que enfrenta cualquier sociedad. No se trata solo de una enfermedad, sino de un fenómeno que impacta a familias enteras, al sistema de salud y a las políticas públicas. Por ello, el reciente proyecto de ley presentado por el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (Fuerza Popular) merece especial atención, ya que apunta a un objetivo fundamental: fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar la atención de los pacientes pediátricos con cáncer.
La propuesta obliga a todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), sean públicas, privadas o mixtas, a compartir de manera mensual información clínica y epidemiológica estandarizada sobre niños y adolescentes con cáncer. Este flujo de datos nutriría el Registro Nacional del Cáncer y el Observatorio de Niños y Adolescentes, herramientas clave para comprender mejor el impacto de la enfermedad, diseñar estrategias eficaces y evaluar resultados.
Sin embargo, ¿es suficiente con estandarizar y centralizar la información? La respuesta es un rotundo no. Si bien la propuesta aborda un pilar esencial —la recolección de datos—, su eficacia dependerá de una implementación impecable por parte del Ministerio de Salud (Minsa), que deberá definir formatos y protocolos alineados con estándares internacionales. Cualquier falla en este punto podría generar inconsistencias en los datos, reduciendo la capacidad del sistema para responder de manera ágil y efectiva.
Una deuda histórica con los especialistas
El proyecto no se queda solo en el plano de la vigilancia. Otro aspecto importante es la promoción de la especialización médica en oncología pediátrica. En un país con brechas significativas en la formación de especialistas, esta medida llega como un alivio necesario.
Propuestas como la certificación de competencias para médicos con experiencia en oncohematología pediátrica, supervisada por el Colegio Médico del Perú y la Sunedu, podrían cerrar vacíos críticos en la atención. Pero el éxito de esta política dependerá de cómo se implementen los incentivos económicos y laborales prometidos. Si bien la intención es loable, sin recursos adecuados y compromiso político, estas iniciativas corren el riesgo de quedar en el papel.
Derechos laborales y apoyo familiar
Otro punto destacable es la actualización del reglamento de la Ley N°30012, que amplía los derechos laborales de quienes cuidan a menores con cáncer. La licencia para familiares directos es un avance indispensable, especialmente en un contexto donde la enfermedad exige acompañamiento constante y prolongado. Este enfoque humanitario resulta vital para aliviar la carga emocional y económica de las familias.
Transparencia en suministros
La propuesta también incluye la publicación regular del nivel de disponibilidad de suministros médicos en instituciones con servicios oncológicos. En un país donde las denuncias por desabastecimiento son frecuentes, esta medida busca garantizar que los pacientes reciban la atención que merecen.
El proyecto del congresista Aguinaga representa un avance, pero no la solución definitiva. Es urgente que las IPRESS, el Minsa y otros actores del sistema de salud trabajen en conjunto para transformar esta ley en una realidad tangible. Además, será crucial realizar un seguimiento constante para asegurar que las metas planteadas se cumplan y que los pacientes pediátricos con cáncer reciban el tratamiento digno y oportuno que merecen.
