El Congreso de la República despidió hoy a Braden Alexander Paredes Calla, el ahora extrabajador de la parlamentaria María Cordero Jon Tay, por estar involucrado en el caso de recortes ilícitos de sueldos al interior del despacho de la exmiembro de la bancada de Fuerza Popular.
El despedido servidor es también investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de concusión.
Vale recordar que, el pasado 16 de abril, Punto Final reveló que la parlamentaria cobraba hasta el 70 % de los honorarios de un extrabajador suyo, porque tenía que “devolver el dinero que le prestaron en campaña”.
De acuerdo al citado programa, la congresista le exigía ir al cajero automático a su entonces colaborador para que realice las transacciones bancarias a su favor, teniendo a Paredes Calla como cómplice del acto.
Por este hecho, la legisladora es actualmente investigada por infringir los artículos 1 y 2, e incisos 15, 22, 23, 38 y 45 de la Carta Magna, así como a los artículos 394 y 382 del Código Penal (cohecho pasivo impropio y concusión en agravio del Estado).
Asimismo, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó a la fiscal de la nación el inicio de investigaciones preliminares contra la referida parlamentaria por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio y alternativamente concusión.
Sobre el proceso específico contra Braden Alexander Paredes Calla, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios del Congreso inició un proceso disciplinario contra el hoy exservidor del Parlamento, así como a su esposa Faviola Maribel Torres García.
Ambos fueron notificados para que rindan sus descargos correspondientes y, tras la investigación del caso, la Comisión determinó la responsabilidad de Paredes Calle disponiendo su cese, el cual se ejecutó el pasado 25 de mayo.
Además, la Comisión dispuso “la inscripción de la sanción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles con la consecuente inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública y para prestar servicios por cinco años, no pudiendo reingresar a prestar servicios al Estado o empresas del Estado, bajo cualquier forma o modalidad”.
En el caso de Torres Gracia, quien habría participado en la recepción de un sobre conteniendo dinero, el cual debía entregar a su esposo, a fin de llevárselo a la congresista Cordero Jon Tay, el jefe de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento, Miguel Seminario Reyna, informó que se emitirá otro informe final con las recomendaciones correspondientes.
