La Subcomisión de Acusaciones Constitucional del Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional presentada contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, los exministros de Estado, Pedro Angulo (ex primer ministro), César Cervantes (exministro del Interior) y también a Alberto Otárola, actual jefe del Consejo de Ministros, pero en su condición de extitular de Defensa.
La acusación que había sido interpuesta por los congresistas de la bancada Cambio Democrático – Juntos Por el Perú era en referencia a las muertes reportadas en las protestas sociales que empezaron en diciembre del año pasado y que continuaron hasta febrero del presente.
Tras la sustentación de las legisladoras Ruth Luque y Sigrid Bazán, el grupo de trabajo parlamentario presidido por Lady Camones (Alianza para el Progreso) decidió no admitir la denuncia con 11 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.
Previo a este resultado, el congresista Edgar Raymundo presentó un pedido a fin de que se incluya en el expediente de la denuncia el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La solicitud fue rechazada con 11 votos en contra, seis a favor y ninguna abstención.
Según se pudo conocer, el Informe de Calificación de la denuncia constitucional fue declarada improcedente porque no ha cumplido con el criterio que sustenta las infracciones constitucionales y/o delitos de función que habrían cometido los mencionados denunciados.
Asimismo, porque uno de los denunciantes (Edgar Raymundo) pertenece a la Subcomisión y según el reglamento del Parlamento, los integrantes de este grupo de trabajo no pueden presentar denuncias constitucionales.
A manera de descargo, el referido parlamentario mencionó que envió un oficio a la Oficialía Mayor para que su firma pase a ser retirada de la denuncia.
Finalmente, los congresistas denunciantes se mostraron en contra de la decisión – en mayoría – que adoptó la Subcomisión.
