La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó solicitar al Poder Judicial una orden de impedimento de salida contra los exministros de Pedro Castillo y actuales parlamentarios, Betssy Chávez, Roberto Sánchez.
Según reporta la legisladora Lady Camones (presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales), la solicitud de medida restrictiva fue avalada por 18 congresistas; mientras que, tres legisladores votaron en contra.
Cabe precisar que, la Comisión Permanente del Legislativo adopta esta disposición como parte del proceso en curso (Denuncia Constitucional N.º 328) que se le sigue a Chávez y Sánchez por los presuntos delitos de rebelión y rebelión, en referencia su inminente participación en el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
Frente a la posibilidad de eludir a la justicia (peligro de fuga), se aprueba dicha figura contra los imputados en referencia.
En la previa, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, solicitó al titular del Parlamento, José Williams Zapata, que se adopten “medidas de aseguramiento procesal de los altos funcionarios investigados”.
“Resulta pertinente y necesario que vuestra institución tenga presente la posición jurisprudencial del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, respecto de las medidas de aseguramiento procesal personal, para vuestra valoración y decisiones que adopten en el marco de su autonomía constitucional para la aplicación del artículo 89 literal l) del Reglamento del Congreso”, menciona el documento presentado por la titular del Ministerio Público.
El mencionado artículo señala que la Comisión Permanente o el pleno del Congreso pueden pedir, en cualquier momento del procesamiento de una acusación constitucional, medidas limitativas de derechos como el impedimento de salida de la localidad de domicilio de los denunciados.
En ese sentido, acota en su oficio que el Poder Judicial, en decisiones para dictar restricciones contra los congresistas Raúl Doroteo y Darwin Espinoza, ha valorado que se pueden aplicar medidas limitativas de derechos contra funcionarios públicos como son los parlamentarios.
Vale recordar que, esta controversia se abrió tras lo mencionado ayer por el ministro del interior, Vicente Romero, quien señaló que la ex primera ministra desistió de tener seguridad policial, algo que fue desmentido por la propia Chávez con el pasar de las horas.
