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Comisión Permanente aprueba informe que acusa constitucionalmente a ‘Los Niños’ de Acción Popular

Archivo: Congreso

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La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que acusa constitucionalmente a cuatro parlamentarios de Acción Popular (AP) por el caso ‘Los Niños’.

Tras la sustentación de la parlamentaria Lady Camones (Alianza para el Progreso – APP), el grupo de trabajo avaló la misma votación que tuvo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en referencia a la Denuncia Constitucional N.º 300.

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En ese sentido, los legisladores Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas y Elvis Hernán Vergara Mendoza, fueron acusados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado.

En el caso del primer congresista en mención, 17 miembros de la Comisión Permanente votaron a favor de su acusación; mientras que, con referente a los otros tres, 16 integrantes del referido grupo de trabajo parlamentario sufragaron a favor de proceder con la denuncia.

Cabe precisar que, las acusaciones por las presuntas comisiones de colusión simple y agravada, y cohecho pasivo impropio, fueron archivadas para los cuatro congresistas, acusados de pertenecer a una presunta red de corrupción que habría liderado el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

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Asimismo, la Comisión Permanente aprobó archivar las denuncias por una presunta infracción constitucional a los artículos 38 y 39 de la Carta Magna y la acusación por antejuicio político (delitos de colusión agravada y cohecho pasivo impropio) contra los cuatros congresistas mencionados; así como a sus colegas de bancada Juan Carlos Mori Celis e Ilich López Ureña.

En esa línea, se descarta el desafuero para los cuatro parlamentarios acusados por la Fiscalía de la Nación.

Finalmente, con 21 votos a favor, la Comisión Permanente aprobó designar a la Subcomisión Acusadora, que estará integrada por las congresistas Lady Camones (APP) y Norma Yarrow (Avanza País), quienes se encargarán de formular las acusaciones constitucionales ante el Pleno del Congreso para su aprobación definitiva y que, de ser así, los congresistas denunciados serían suspendidos de sus cargos mientras demore su proceso penal.

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