El Poder Judicial evaluará el jueves 27 de junio el pedido de la Procuraduría General del Estado para ser incorporada como «actor civil» o «parte agraviada» en la investigación preparatoria contra el expresidente Martín Vizcarra. La causa se relaciona con la contratación de Richard Cisneros, conocido artísticamente como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura, mediante órdenes de servicio que no correspondían a su perfil.
En una audiencia virtual programada para las 9:30 a.m., el juez supremo Juan Carlos Checkley revisará los argumentos presentados por la defensa legal del Estado peruano. La investigación a Vizcarra lo señala como presunto instigador del delito de peculado doloso por apropiación para terceros, y alternativamente, por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
El magistrado también evaluará la oposición presentada el pasado 3 de junio por la defensa de Vizcarra en respuesta al pedido de la Procuraduría. Si la solicitud es aceptada, la Procuraduría General del Estado podrá solicitar y acceder a un eventual pago de reparación a favor del Estado peruano, en caso de que Vizcarra sea hallado culpable de los cargos formulados por la Fiscalía.
La Procuraduría ha propuesto que Vizcarra y su coinvestigada, la exministra de Cultura Patricia Balbuena, paguen solidariamente más de 500 000 soles como reparación civil. Esta solicitud se basa en la denuncia constitucional aprobada por el Congreso el 14 de marzo, la cual inició la investigación preparatoria liderada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.
El caso ‘Richard Swing’
Este caso surgió a partir de una denuncia periodística en mayo de 2020, que reveló contratos entre el Ministerio de Cultura y Richard Cisneros Carballido, una persona cercana a Vizcarra desde la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en 2016. Según la denuncia, Cisneros fue contratado nueve veces para realizar actividades como charlas motivacionales y de liderazgo, ajenas a su experiencia y formación, por un total de 175 000 soles. Dos de estos contratos fueron firmados en abril de 2020, durante la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19.
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