Durante la última presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC), la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) puso sobre la mesa una advertencia y una oportunidad: el Perú podría avanzar sustancialmente en vivienda social en 2025, si —y solo si— las normas y políticas públicas se orientan hacia una estrategia integral y moderna.
Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio, cuestionó la creciente distinción entre “vivienda social” y “vivienda realmente social”, afirmando que esta categorización confunde más de lo que ayuda. “Se corre el riesgo de excluir a una mayoría pobre no extrema que sí tiene capacidad de pago si se le apoya con crédito y subsidios adecuados”, explicó.
Valdivia recordó que ejemplos históricos como San Felipe en Lima o Nicolás de Piérola en Arequipa demostraron que los programas bien diseñados pueden integrar a la clase media en barrios dignos y sostenibles. Sin embargo, alertó que las trabas estructurales siguen siendo profundas: falta de habilitación urbana, ausencia de planes urbanos actualizados, problemas de gestión de suelo estatal y la imposibilidad de integrar suelo comunal a proyectos habitacionales.
El dato más preocupante: Perú solo produce 60 mil viviendas formales al año, cuando la demanda real supera las 160 mil unidades. “Sin un uso eficiente de los recursos, será imposible cerrar esa brecha”, subrayó el ejecutivo.
CAPECO también señaló la pérdida de rumbo de programas como el Mejoramiento Integral de Barrios, que han pasado de intervenciones urbanas planificadas a obras aisladas y de bajo impacto. En cuanto al acceso a agua, Valdivia fue enfático: “No podemos seguir permitiendo asentamientos sin servicios. Hay que anticiparse con infraestructura y gestión, no ir detrás de la informalidad”.
A su vez, criticó la falta de innovación en el sector construcción. Mencionó que SENCICO, entidad encargada de impulsar la formación y tecnología constructiva, no ha ejecutado más de 300 millones de soles asignados para investigación.
¿Qué propone CAPECO?
- Modificar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para crear un operador público de suelo y definir zonas prioritarias con financiamiento estatal para servicios como agua y saneamiento.
- Reformar el modelo de las empresas de agua, sincerando tarifas y aplicando subsidios focalizados.
- Digitalizar de forma obligatoria las licencias de construcción para acelerar procesos y reducir barreras burocráticas.
- Fortalecer el rol del Ministerio de Vivienda como entidad rectora del desarrollo urbano y no solo ejecutora.
- Modernizar SENCICO, dándole un modelo de gestión más ágil y renovando su rol formativo y técnico.
Desde CAPECO concluyen que el reto de la vivienda social no es técnico, sino político. “Es momento de asumir el urbanismo con visión de Estado y no desde la improvisación”, enfatizó Valdivia.
