La Comisión Permanente del Congreso aprobó este miércoles un informe final que recomienda la inhabilitación por diez años de la función pública y la acusación constitucional contra el exmandatario Francisco Sagasti y su exministro del Interior José Elice. Esta medida surge a raíz de las denuncias constitucionales 285, 287 y 369, que cuestionan la destitución de varios generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en noviembre de 2020.
La votación de la Comisión Permanente reflejó un respaldo mayoritario: 18 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones para la acusación constitucional, mientras que la inhabilitación fue avalada con 22 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.
El informe responsabiliza a Sagasti y a sus exministros Rubén Vargas y José Elice de la destitución de 19 altos oficiales de la PNP, lo que, según la Comisión, vulneró la estabilidad institucional de la Policía. Sin embargo, debido a la inasistencia de Vargas al proceso, la votación sobre su caso fue reprogramada.
La remoción de los oficiales ocurrió tras la crisis social derivada de la vacancia de Martín Vizcarra y la breve gestión de Manuel Merino, periodo en el que se registraron protestas con saldo fatal. En su defensa, Francisco Sagasti sostuvo ante la Comisión Permanente que las decisiones tomadas durante su gobierno estuvieron enmarcadas en la Constitución y negó haber cometido abusos de poder.
El informe también señala la presunta infracción de los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Constitución, así como los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal en cargo público. El congresista Jorge Montoya, encargado de sustentar el documento, argumentó que los cambios realizados en la PNP constituyeron un «perjuicio grave» para la institucionalidad policial.
Con la aprobación de este informe, el caso pasará al Pleno del Congreso, que deberá decidir si ratifica o desestima las sanciones recomendadas. En esta etapa, los congresistas Jorge Montoya y María Acuña Peralta asumirán la tarea de sustentar la acusación ante el Parlamento.
Finalmente, se aprobó el levantamiento del fuero de Sagasti y Elice, lo que permitirá al Ministerio Público continuar con las investigaciones y proceder según lo estipulado por la ley.
