En un megaoperativo conjunto, representantes del Ministerio Público y agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (PNP) vienen allanando propiedades y bienes de Joaquín Ramírez Gamarra, ex secretario general de Fuerza Popular y actual alcalde provincial de Cajamarca.
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Cabe señalar que, la diligencia fiscal corresponde a la indagación que afronta Ramírez Gamarra por los presuntos delitos de lavado de activos, delito tributario y fraude en la administración.
En esa línea, en el año 2019, al imputado en mención se le abrió una investigación en el Ministerio Público por presuntamente financiar con dinero ilícito la campaña presidencial de Keiko Fujimori del año 2016.
Según la teoría fiscal, las empresas Capricornio Import, Lima Ingeniería y Construcción, Constructora e Inmobiliaria Habitaria, Ofisoft, Technologies, entre otras, recibieron S/ 8,2 millones, presuntamente direccionado por la Universidad Alas Peruanas. El origen del dinero habría sido de dudosa procedencia. Además, al realizar las cuentas de Joaquín Ramírez, la Fiscalía detectó un inusual incremento de sus ganancias.
Asimismo, como parte de las investigaciones, se tiene el testimonio de un piloto, que, según versión de fiscales, pertenecía a uno de los colabores eficaces de la DEA que había señalado que Joaquín Ramírez le había entregado 15 millones de dólares para ser lavados en Panamá y a partir de allí financiar la campaña de la lideresa de Fuerza Popular.
Sobre las acciones realizadas esta mañana, se incautó 170 bienes inmuebles ubicados en Lima, Piura, Chiclayo, Moyobamba, Iquitos, Pucallpa, Trujillo, Huaraz, Huancayo, Cusco, Ica, Tacna y Ayacucho, 91 vehículos, cinco avionetas; así como, el allanamiento a las sedes de Jesús María, San Isidro y Surco de la Universidad Alas Peruanas, como parte de la pesquisa, la cual cuenta con 40 fiscales.
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Vale precisar que, la disposición fiscal incluye la orden de incautación cautelar de 45 inmuebles en distintas ciudades del país pero sin desposesión bajo reserva del despacho fiscal en caso se advierta vinculación de los bienes con los investigados.
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Del mismo modo, la medida que tendrá un plazo de duración de dos semanas fue solicitada por el fiscal de lavado de activos Wilson Salazar Reque y fue aprobada por Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
