Nueva denuncia que agranda la mala percepción del Parlamento. El semanario “Hildebrandt en sus Trece” reveló en su edición de hoy que, la congresista Heidy Juárez (Podemos Perú) estaría cobrando diezmos y “donaciones” mensuales a sus trabajadores, para realizar “labor social” en Piura.
De acuerdo al citado medio de comunicación, quien estaría a cargo del cobro ilícito del dinero sería su asesor principal, Miguel Ángel Chafloque Domínguez, con quien mantendría una relación sentimental.
Sobre la acusación en particular, cuatro extrabajadores del despacho de la legisladora denunciaron que mensualmente les cobraban S/ 1 000 mensuales, los cuales eran entregados al asesor a través de un depósito bancario. Al ser consultado sobre este hecho, Chafloque Domínguez admitió la entrega de dinero, pero bajo el término de “préstamo” ya que, al no ser de Lima, “cuesta vivir en la capital”.
Cabe detallar que, hace poco tiempo el asesor parlamentario se compró una camioneta del año y el pago fue al contado, según informa el semanario.
De igual forma, los denunciantes mencionaron el cobro de “donativos extraordinarios” para que la también exministra de Mujer de la gestión de Pedro Castillo, pueda realizar “labores sociales” en la región de su procedencia.
Vale recordar que, Juárez Calle fue elegida parlamentaria por Alianza para el Progreso en 2021. Tras una serie de acusaciones en su contra al interior de la organización, el partido político le expulsó de sus filas en septiembre pasado.
Posteriormente, a inicios de noviembre se incorporó a Podemos Perú, para días después ser designada ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cargo al cual renunció al 7 de diciembre, día del intento de golpe de Estado del ahora detenido expresidente Castillo Terrones.
Continúan estos malos precedentes
En menos de una semana se hacen pública dos denuncias por cobro irregular de sueldos a trabajadores parlamentarios. Al ya conocido caso de Heidy Juárez se supo previamente el mismo tipo de acusación contra Magaly Ruiz, congresista de Alianza para el Progreso que habría cobrado S/ 1 500 mensuales a Carlos Marina Puscán, a fin de que este labore en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, la cual era presidida por ese entonces por la parlamentaria.
Tras la denuncia periodística, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la legisladora y su asesor principal, Johnny Romero Nima, por el presunto delito contra la administración pública (concusión) en agravio del Estado.
