El mercado energético nacional enfrenta un nuevo episodio de inestabilidad tras la decisión de Fitch Ratings de retirar todas las calificaciones crediticias de la petrolera estatal. La agencia internacional dio por terminada su cobertura analítica argumentando que no cuenta con información suficiente para adoptar una decisión de calificación. Ante este escenario, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP) emitió un comunicado expresando su profunda preocupación y señalando la responsabilidad directa del Ejecutivo en esta crisis reputacional.
¿Qué implica el retiro de calificaciones?
Para el gremio, la acción de Fitch trasciende el ámbito de una anécdota financiera; constituye una alerta sobre la gobernanza y la conducción pública de la empresa. La calificadora advirtió además que la liquidez de la compañía es débil y que las conversaciones con el Gobierno continúan en curso, situación que deja a la entidad fuera del universo de emisores con seguimiento regular.
Según el análisis sindical, este desenlace era evitable mediante una conducción seria que priorizara cronogramas claros y transparencia oportuna. La falta de un plan de estabilización coherente ha incrementado la incertidumbre en el mercado.
Denuncias sobre la gestión gubernamental
El STAPP atribuye la crisis actual a la «dejadez y mezquindad» del gobierno de turno. En su pronunciamiento, señalan que las declaraciones diarias de titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) han agravado el panorama.
Aparte de la retórica oficial, el sindicato destaca la inestabilidad administrativa como un factor crítico: en solo dos meses de gestión, se han registrado cinco presidentes de directorio y cuatro gerentes generales. Esta rotación, sumada a lo que califican como una campaña orquestada con mala intención, parece dirigida a quebrar la petrolera estatal.
Defensa del capital humano
Uno de los puntos centrales del reclamo es el rechazo a la narrativa oficial contra el personal de la empresa. El gremio sostiene que el Ejecutivo ha optado por una línea política de estigmatización del trabajador mientras se deteriora la confianza del mercado.
«Se equivocaron de ‘enemigo’: atacan a los trabajadores mientras el problema real se agrava», enfatiza el comunicado.
La organización argumenta que convertir al trabajador en chivo expiatorio no corrige la gobernanza ni recupera la confianza financiera. Por el contrario, fractura la organización y debilita el capital humano que sostiene la continuidad del servicio energético.
Exigencias de cambios y transparencia
Ante la gravedad de los hechos, el sindicato ha solicitado al Presidente de la República evaluar la continuidad del Premier y de los Ministros de Energía y Minas y Economía y Finanzas. Consideran que dichas autoridades han mantenido una conducta que golpea la reputación institucional en lugar de conducir una estabilización técnica.
Para recuperar la gobernabilidad, el STAPP demanda medidas inmediatas: transparencia en la provisión de información, una conducción unificada del proceso de estabilización y el cese de la hostilidad hacia los trabajadores. Asimismo, exigen la instalación de un espacio formal de diálogo, bajo la premisa de que no existe reorganización viable sin legitimidad interna.
La organización reafirma que debilitar la credibilidad de la empresa afecta directamente la cadena de abastecimiento y la seguridad energética del país, por lo que exhortan al Gobierno a actuar con seriedad y sin improvisación.
