La tensión laboral en el sector energético nacional se agudiza tras el pronunciamiento del Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP), que reafirma su exigencia de derogar inmediatamente el Decreto de Urgencia 010-2025. A pesar de las medidas de respaldo financiero, mejora de liquidez y reorganización administrativa anunciadas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la organización sindical considera que estas acciones son insuficientes. Los trabajadores sostienen que el marco normativo vigente compromete la viabilidad estructural de la empresa y presenta indicios de inconstitucionalidad, punto reforzado por la demanda de la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.
¿Por qué los sindicatos consideran insuficientes las medidas del Ejecutivo?
Si bien el Gobierno busca asegurar la continuidad operativa de Petróleos del Perú, el FSTPP advierte que las disposiciones no abordan el problema legal de fondo. Tanto la gestión como la viabilidad a largo plazo de la compañía están bajo riesgo debido al contenido del decreto. Es más, los trabajadores cuestionan la disparidad de criterios económicos: mientras el apoyo estatal a la empresa pública se etiqueta como un «salvavidas», los beneficios otorgados a privados se presentan como «incentivos», aun cuando impliquen altos recursos públicos.
¿Qué riesgos patrimoniales denuncia el frente gremial?
Uno de los puntos críticos señalados es el peligro de que la norma facilite el «malbarateo» de los activos estratégicos de la institución. El análisis sindical advierte que el decreto podría derivar en una cesión o privatización encubierta de infraestructura clave, debilitando el rol del Estado en el abastecimiento de combustibles. Aparte de los activos físicos, se destaca que cualquier utilidad generada por Petroperú —especialmente tras la modernización de la Refinería de Talara— retorna íntegramente al erario nacional para financiar salud y educación.
¿Cuál es el rol estratégico de Petroperú en el territorio nacional?
La empresa cumple una función garante en zonas donde la inversión privada no llega por falta de rentabilidad, como las regiones altoandinas y de la selva. Por esta razón, los sindicatos subrayan que el Estado no es únicamente un agente económico, sino el responsable del acceso a servicios esenciales en todo el Perú. En ese sentido, remarcan que la inversión en la Nueva Refinería de Talara constituye una capacidad productiva que pertenece al país, a diferencia de las exoneraciones tributarias a privados que representan ingresos no percibidos de forma recurrente.
¿Qué acciones legislativas se están impulsando?
La estrategia de los trabajadores ha escalado al ámbito político tras una reunión con el congresista Carlos Zeballos, donde ambas partes coincidieron en la necesidad de anular el DU 010-2025 desde el Parlamento. Es importante recordar que el actual Presidente de la República, José María Balcázar, figura como coautor de un proyecto de ley que plantea la derogación de dicha norma.
Finalmente, el FSTPP sostiene que el cuestionamiento constante a la inversión en Petroperú podría responder a una narrativa para justificar su transferencia a bajo costo. Garantizar un marco legal legítimo y transparente es, según el gremio, la condición indispensable para asegurar el futuro de la petrolera estatal.
