El Poder Judicial suspendió hasta mañana, jueves 26 de junio a las 17:00 horas, la audiencia en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva por seis meses contra el expresidente Martín Vizcarra, investigado por presunto cohecho pasivo propio en agravio del Estado, cuando fue gobernador regional de Moquegua.
La sesión fue instalada virtualmente a las 11:30 a.m. mediante Google Meet, con la presencia remota de Vizcarra. Sin embargo, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó que el exmandatario asista de forma presencial, conforme lo había dispuesto previamente el juez del caso.
“El acusado tiene que estar acá de manera presencial y no virtual”, sostuvo Juárez, exigiendo el cumplimiento estricto de la resolución judicial.
Defensa justificó ausencia por viaje
El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha Pérez, no se opuso al requerimiento fiscal, pero explicó que su patrocinado se encontraba en la región San Martín y tenía programado regresar a Lima recién mañana por la tarde. Además, afirmó que esta situación fue comunicada al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, luego de ser notificados del requerimiento fiscal solo un día antes.
Siccha pidió aplazar la audiencia hasta el viernes, pero el juez enfatizó que se trataba de una diligencia “inaplazable” y resolvió reanudarla el jueves a las 17:00 horas.
El expresidente intervino para asegurar que adelantaría su vuelo —originalmente previsto para las 15:30 horas— con el fin de asistir puntualmente a la cita judicial.
Investigación por presuntos sobornos en Moquegua
La Fiscalía solicita la medida coercitiva contra Vizcarra en el marco de una investigación por el presunto cobro de 2.3 millones de soles en coimas, entregadas por empresas constructoras a cambio de licitaciones de obras públicas, específicamente los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, ejecutados durante su gestión como gobernador regional entre 2011 y 2014.
El Ministerio Público considera que existen elementos suficientes que justifican su pedido de prisión preventiva, al considerar el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos.
