El elevado volumen de denuncias que ingresa diariamente al Ministerio Público no siempre corresponde a hechos que constituyen delitos. Esta situación genera con frecuencia la apertura de investigaciones sobre casos que, desde su inicio, carecen de relevancia penal, incrementando la carga de trabajo en las dependencias fiscales y consumiendo recursos que podrían destinarse a la persecución de delitos de mayor complejidad.
Frente a esta problemática, el abogado penalista José Arturo Matos plantea la necesidad de modificar el Código Procesal Penal para facultar a la Fiscalía a realizar una evaluación inicial. El objetivo de la propuesta es permitir que el organismo rechace de plano las denuncias cuando los hechos expuestos no configuren una infracción penal, fortaleciendo la eficiencia del sistema de justicia desde la etapa preliminar.
¿Cómo funciona el filtrado de denuncias actualmente en la Fiscalía?
En el marco legal vigente, la recepción de una denuncia suele desencadenar una serie de actuaciones fiscales orientadas a determinar si existen elementos suficientes para iniciar o formalizar una investigación. Sin embargo, este procedimiento genera que casos sin sustento legal consuman tiempo y personal operativo antes de ser archivados.
La iniciativa promovida por José Arturo Matos busca dotar al Ministerio Público de una herramienta normativa clara para identificar tempranamente los casos en los que la conducta reportada no encaja en ningún tipo penal. De este modo, la institución podría diferenciar desde el primer momento entre los expedientes que requieren una investigación penal y aquellos reclamos que deben derivarse a las vías civil, administrativa o ser descartados por falta de sustancia jurídica.
“No todo hecho denunciado constituye necesariamente un delito. La Fiscalía debería contar con una herramienta normativa clara que le permita realizar un filtro inicial, evitando que se abran investigaciones por hechos que desde el comienzo no tienen relevancia penal”, sostiene Matos.
¿Qué beneficios aportaría este cambio normativo al sistema de justicia?
La incorporación de este filtro en el Código Procesal Penal tiene como propósito central descongestionar la carga procesal que enfrenta el sistema fiscal. Aparte de reducir el embotellamiento de expedientes, esta medida permitiría las siguientes ventajas operativas:
- Optimización de recursos: Concentración del personal y de los equipos especializados en la investigación de delitos complejos.
- Reducción de plazos: Respuesta más rápida del Estado ante víctimas de ilícitos que sí requieren persecución penal.
- Claridad para el ciudadano: Orientación oportuna hacia vías alternativas como la civil o la administrativa cuando el reclamo no sea un delito.
Según explica Matos, la implementación de este filtro no busca restringir el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos, sino establecer parámetros técnicos para determinar cuándo corresponde activar el aparato punitivo del Estado y cuándo el conflicto debe canalizarse a través de otros mecanismos legales.
¿Por qué resulta urgente descongestionar la carga procesal en las fiscalías?
La saturación de casos en las fiscalías afecta la velocidad de respuesta frente a delitos graves como el fraude, el cibercrimen o la delincuencia organizada. Cuando los fiscales dedican tiempo a revisar denuncias por desacuerdos privados o hechos atípicos, la capacidad operativa de la institución se reduce.
