Perú continúa siendo uno de los países más afectados por los ataques de malware en América Latina. Según el último Panorama de Amenazas, se registraron 38.6 millones de intentos de infección en los últimos doce meses, lo que equivale a un promedio diario de 297 mil amenazas bloqueadas. La cifra refleja un aumento sostenido y confirma la necesidad de reforzar medidas de protección en sectores públicos y privados.
El informe forma parte del análisis regional, que entre agosto de 2024 y junio de 2025 registró 726 millones de bloqueos en América Latina, lo que equivale a 1.9 millones de amenazas diarias. Este volumen posiciona a la región como un epicentro de actividad maliciosa, donde los ciberdelincuentes dirigen sus ataques principalmente hacia los sectores industrial y gubernamental.
Las amenazas más comunes son el adware y los troyanos. El adware, que muestra publicidad no deseada, suele actuar como un mecanismo de entrada para fraudes más complejos. Por su parte, los troyanos se ejecutan como si fueran programas legítimos, pero están diseñados para robar información sensible, incluyendo datos financieros y credenciales de acceso.
“Los datos muestran que América Latina no solo es un objetivo principal de la ciberdelincuencia, sino un campo de batalla digital diario. El volumen de ataques con adware y troyanos revela que las amenazas están volviéndose más agresivas, buscando no solo el robo de dinero, sino también la interrupción de servicios esenciales, como se observa en los ataques a los sectores industrial y gubernamental. Es crucial que las organizaciones refuercen sus defensas y que los usuarios se mantengan atentos”, comenta Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina.
Sectores más afectados en la región
El análisis revela que el sector gubernamental concentra el mayor porcentaje de ataques, alcanzando el 41.88% de los incidentes registrados. Le siguen otros sectores con 19.30%, la industria de procesos con 12.08%, la industria discreta con 6.79% y el comercio minorista con 4.47%.
Las diferencias entre países también son significativas. Mientras Brasil y México presentan a la industria como su principal blanco de ciberataques, Argentina, Chile, Colombia y Perú registran mayor afectación en el ámbito gubernamental. Esta tendencia demuestra que los atacantes adaptan sus estrategias según la estructura productiva y los sistemas críticos de cada nación.
Riesgos y desafíos para Perú
La cifra de 38.6 millones de intentos de infección subraya la vulnerabilidad del país frente a amenazas destinadas a infiltrarse en sistemas que almacenan datos sensibles o que sostienen servicios esenciales. El incremento de ataques en sectores estratégicos sugiere la necesidad de fortalecer infraestructuras tecnológicas, mejorar prácticas de seguridad y promover una cultura preventiva en instituciones y usuarios finales.
La presencia de adware y troyanos en equipos domésticos y empresariales facilita el acceso no autorizado a información confidencial. Esta situación puede derivar en fraudes económicos, secuestro de datos, interrupción de servicios o exposición de información gubernamental. La mejora en tácticas de los atacantes exige una respuesta coordinada y permanente.
Recomendaciones de protección
El informe incluye una serie de prácticas que pueden reducir significativamente el riesgo de infección:
- Verificar enlaces y archivos adjuntos: revisar la autenticidad del remitente antes de abrir correos o archivos enviados de forma inesperada.
- Mantener sistemas actualizados: las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que podrían ser explotadas por atacantes.
- Usar contraseñas robustas y diferenciadas: evitar repetir credenciales y optar por claves seguras.
- Instalar soluciones de seguridad confiables: herramientas como Kaspersky Premium permiten detectar amenazas en tiempo real.
- Acceder a información actualizada: conocer las amenazas recientes y las buenas prácticas reduce posibilidades de ataque.
Además, se recomienda compartir estas medidas con colaboradores y equipos de trabajo, ya que la seguridad digital requiere participación colectiva.
