En una acción contundente para garantizar que las escuelas sean espacios seguros, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que 2137 docentes y trabajadores administrativos fueron separados del sistema educativo al detectarse que tenían sentencias o procesos judiciales abiertos por delitos graves, como violencia sexual, terrorismo, narcotráfico y homicidio.
La cartera precisó que también se bloqueó la contratación de 2389 docentes con procesos administrativos disciplinarios abiertos por faltas graves cometidas en el ejercicio de la docencia.
Estas medidas, según el Minedu, se realizan en coordinación con los gobiernos regionales a través de las UGEL en todo el país. Un ejemplo es la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, donde se ha reforzado la asistencia legal para acompañar a la comunidad educativa en el seguimiento de denuncias, asegurando que sean derivadas al Ministerio Público y al Poder Judicial.
Condorcanqui: más de 600 denuncias en trámite
Hasta agosto de 2025, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL Condorcanqui registró 648 denuncias acumuladas por hostigamiento y violencia sexual. De estas, 524 ya concluyeron en la vía administrativa, mientras que 124 continúan en trámite.
Dentro de este último grupo, 103 se encuentran en etapa preliminar y 21 ya cuentan con un proceso administrativo abierto. En todos los casos se aplicó la separación preventiva de los denunciados. Solo en lo que va del 2025, se han registrado 34 denuncias adicionales, también en investigación preliminar.
Como parte de un plan integral, el Minedu ha conformado 79 redes de protección comunal que hoy acompañan a más de 18 000 estudiantes en residencias escolares. Estas redes están integradas por padres de familia, autoridades comunales y locales, rondas campesinas, docentes y la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar entornos libres de violencia para los escolares.
Con estas medidas, el Ministerio de Educación busca reafirmar su compromiso de proteger a los estudiantes y fortalecer la confianza de las familias en el sistema educativo.
