Tras los recientes bloqueos de carreteras en diversas regiones del país, la presidenta Dina Boluarte convocó a una mesa de trabajo con autoridades del Estado y representantes del sector minero para abordar el proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala. La reunión se llevará a cabo este lunes 14 de julio a las 11:00 a.m.
La iniciativa responde a las exigencias de gremios como la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), que denuncian la exclusión de más de 50 mil trabajadores del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y piden aprobar una ley específica para su actividad.
En la agenda oficial se discutirán tres temas clave:
Avance y reactivación del proceso de formalización minera de los más de 31 mil inscritos.
Reconocimiento y aplicación de los derechos laborales de los trabajadores mineros.
Elaboración participativa de una nueva ley que regule la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), con enfoque ambiental y social.
La mandataria convocó a autoridades del Congreso, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, así como a gremios mineros y entidades técnicas como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Sin embargo, se conoció que el Ministerio Público no ha sido invitado, lo que ha generado cuestionamientos por parte de algunos sectores.
Las protestas que originaron esta convocatoria dejaron un saldo trágico: una persona fallecida y al menos 14 heridos, tras enfrentamientos durante la liberación de vías bloqueadas en cuatro regiones del país. La Confemin anunció una tregua de 24 horas, a la espera de resultados concretos de la mesa.
El presidente de la Confemin, Máximo Franco Béquer, señaló que el principal obstáculo para la formalización es el requisito del contrato de explotación con los titulares de concesiones mineras, que en la práctica impide avanzar. Propuso eliminar este requisito o revertir las concesiones no utilizadas a favor de los pequeños productores.
“El problema no es técnico, es político. Si no hay acceso real a una concesión, no hay formalización posible”, afirmó el dirigente, quien también cuestionó la concentración de áreas mineras en pocas manos. “No es posible que 50 familias tengan todo el país concesionado y nosotros no podamos trabajar”, sentenció.
