El Ministerio Público (MP) confirmó la ratificación de la medida cautelar que impide la salida del país del actual vocero presidencial Fredy Hinojosa por un plazo de seis meses. Esta decisión fue adoptada por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima, y se da en el marco de la investigación que involucra a Hinojosa en una presunta red de corrupción vinculada al programa estatal Qali Warma.
Mediante un comunicado emitido a través de la red social X (anteriormente Twitter), la Fiscalía Anticorrupción detalló que el impedimento de salida responde a la investigación por presunta organización criminal dedicada al tráfico irregular de conservas de la marca Don Simón, que habrían sido comercializadas para el programa social.
De acuerdo con la resolución, el vocero presidencial y otros once involucrados enfrentan cargos relacionados con colusión agravada, organización criminal y tráfico de influencias, todos presuntamente en perjuicio de los intereses del Estado. Este grupo de imputados ha sido señalado como parte de una red que habría manipulado las contrataciones dentro de Qali Warma, la iniciativa que distribuye alimentos a miles de estudiantes en todo el país.
La Fiscalía recordó que la apelación de Hinojosa, quien fue notificado de la medida luego de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara el impedimento de salida en enero, fue finalmente desestimada. De esta manera, la restricción continuará por los próximos seis meses.
Entre los investigados figuran otras personas, como Michael Burga, Edgar Capani, Delia Zavaleta, Oliver Burga, entre otros, quienes también están vinculados al presunto delito de conspiración para favorecer a empresas alimentarias de forma ilícita.
Por su parte, Fredy Hinojosa ha negado cualquier implicancia en los hechos denunciados. En una reciente entrevista en el programa «Cuarto Poder», el vocero presidencial rechazó rotundamente haber favorecido a empresas vinculadas a los hermanos Castro Yangali durante su gestión en el programa Qali Warma, insistiendo en su inocencia y en la transparencia de sus acciones dentro del programa de alimentación escolar.
La investigación sigue en curso, mientras las autoridades continúan recabando pruebas sobre el presunto esquema de corrupción que habría involucrado a varios funcionarios del sector público.
