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Fiscalía allana oficina de Darwin Espinoza por presunta malversación de recursos del Congreso

Por este caso, la Procuraduría General del Estado solicita investigaciones preliminares contra el congresista por los delitos de concusión y peculado de uso.

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En una acción coordinada, un equipo de fiscales llevó a cabo el allanamiento de la oficina del congresista Darwin Espinoza, miembro del partido Acción Popular, ante las acusaciones de emplear recursos y personal del Congreso para promover su propio partido político, el ‘Movimiento Regional Adelante Áncash’.

La incursión tuvo lugar alrededor de las 09:00 a.m. en el edificio Fernando Belaunde Terry, ubicado en la cuadra 3 del jirón Huallaga, en el Cercado de Lima. Este movimiento se produce en respuesta a las revelaciones del dominical Punto Final, que detalla cómo Espinoza supuestamente solicitó cerca de 10 000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Parlamento para imprimir fichas de afiliación a su partido.

Según el informe, el legislador habría convertido su oficina parlamentaria en un centro de operaciones para promover su agrupación política, utilizando incluso a su personal para recolectar firmas necesarias para la inscripción. Se menciona además que los empleados habrían sido presuntamente coaccionados para realizar actividades proselitistas, incluyendo viajes a provincias de Áncash, donde se ofrecían dádivas a cambio de apoyo.

Además, se ha denunciado que Espinoza, quien también está relacionado con el caso ‘Los Niños’, habría utilizado la cuenta del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) asignada a él para verificar la información de potenciales militantes, lo que resultó en al menos 1 851 consultas solo en el mes de marzo.

En respuesta a estas acusaciones, la Procuraduría General del Estado ha exigido al Ministerio Público iniciar diligencias preliminares contra Espinoza por los delitos de concusión y peculado de uso. El Procurador General del Estado, Javier Pacheco, señaló que, de ser hallado culpable, el congresista podría enfrentar hasta 12 años de pena.

Además, se informa que la Procuraduría planea presentar una medida de suspensión contra Espinoza, argumentando que su presunta conducta representaría un potencial perjuicio al Estado. Pacheco destacó que los trabajadores implicados habrían sido coaccionados, lo que se considera un abuso de poder por parte del congresista.

Por su parte, Espinoza ha negado las acusaciones, descartando la intención de formar un nuevo partido político. Sin embargo, las investigaciones continúan en curso, arrojando luz sobre presuntas prácticas irregulares que podrían tener repercusiones legales significativas.

FOTO: AGENCIA ANDINA

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