El proceso concursal de Doe Run Perú (DRP) enfrenta una parálisis administrativa debido a la falta de resolución de una apelación clave por parte del Indecopi. Esta situación técnica impide que la liquidadora designada inscriba sus poderes en registros públicos, bloqueando el avance de un procedimiento que ya suma 15 años de vigencia. Los acreedores laborales denuncian que la inacción del ente regulador pone en riesgo el cobro de sus beneficios devengados.
Aparte de la dilación procedimental, el estancamiento afecta directamente a 3,500 familias que dependen de la liquidación del activo remanente de la empresa minera. El fondo destinado para estos pagos consiste en un fideicomiso en Scotiabank valorado en aproximadamente US$ 20 millones, el cual no puede ser gestionado mientras el nombramiento de la administración no esté legalmente consentido.
¿Por qué se encuentra detenido el nombramiento de la liquidadora?
La controversia administrativa se originó en diciembre de 2025. Tras el nombramiento de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como liquidadora mediante la Resolución N° 9120-2025/CCO-INDECOPI, el candidato Chávez Magán presentó un recurso de apelación. Aunque este fue admitido el 31 de diciembre, el expediente permaneció inactivo durante el primer trimestre de 2026.
Luis Cuadrado, representante de los trabajadores de Doe Run Perú, enfatiza que esta demora administrativa ha sido injustificada: “Indecopi ha dejado dormido el caso desde enero hasta abril”. Recién la semana pasada, tras la presión del gremio, el expediente fue elevado a sala, pero devuelto para subsanaciones técnicas por parte de la Secretaría Técnica.
¿Cuáles son las consecuencias legales de la demora del Indecopi?
Tanto la operatividad de la liquidadora como la validez de sus actos comerciales están condicionadas a la resolución firme de la sala. Sin este pronunciamiento, Registros Públicos ha observado la inscripción de poderes en dos oportunidades. Esta restricción técnica significa que la administración designada no puede actuar plenamente para destrabar los fondos del fideicomiso.
Sobre esta problemática, los trabajadores realizaron una movilización de 200 acreedores el pasado 15 de abril frente a las sedes del Indecopi. Para los afectados, la urgencia trasciende la titularidad de la liquidación; lo primordial es la ratificación del cargo para evitar que el tiempo degrade la posibilidad de recuperación de sus créditos.
¿Existe voluntad política para resolver el caso Doe Run?
El representante sindical indicó que hay una disposición favorable desde el Ejecutivo, incluyendo al Ministerio de Energía y Minas, para finalizar el proceso. No obstante, esta voluntad está sujeta a que la liquidadora cuente con el reconocimiento legal pertinente. La demora en un trámite calificado como «simple» por los acreedores es lo que mantiene entrampada la solución final.
Finalmente, el gremio exhortó al Indecopi a emitir una resolución definitiva de forma inmediata. “Mientras más pase el tiempo, más peligroso se vuelve para nosotros”, advirtió Cuadrado. La transparencia organizacional y la celeridad administrativa resultan ahora factores determinantes para garantizar la justicia social de miles de peruanos perjudicados por este prolongado proceso concursal.
