LIMA noviembre de 2026. El procedimiento concursal de Doe Run Perú afronta una controversia legal en Lima, octubre de 2026, tras el intento de cobro de US$ 14,54 millones por parte de la empresa Depósitos Químicos Mineros S.A. (DQM). Esta pretensión comercial de tarifas de almacenamiento pone en riesgo la liberación de US$ 19,41 millones del Fideicomiso Pama, fondos depositados en Scotiabank que están vinculados a la cobertura de acreencias de 3.500 trabajadores. DQM representa únicamente el 0,495355% de la masa crediticia reconocida dentro del expediente.
Tanto el cobro comercial pretendido vía laudo arbitral como la eventual inmovilización de recursos contradicen el orden de prelación. La legislación concursal y el artículo 24 de la Constitución Política del Perú establecen que las deudas laborales gozan de prioridad sobre los créditos comerciales. Frente a esta situación, la empresa Consultores A-1, que ejerció la administración liquidatoria entre enero de 2022 y diciembre de 2024, advirtió que la ejecución de medidas cautelares sobre los activos retrasaría el cierre del proceso.
¿Por qué la Junta de Acreedores pide liberar el Fideicomiso Pama?
El pedido de DQM fue remitido directamente al Ministerio de Energía y Minas (Minem) para frenar desembolsos, argumentando la existencia de la Resolución N.° 8853-2026/CCO-INDECOPI, la cual observó gastos operativos de la gestión anterior. Luis Cuadrado, presidente encargado de la Junta de Acreedores y representante de los créditos laborales de Doe Run Perú, comunicó formalmente al Minem el rechazo a este bloqueo. Cuadrado precisó que la sanción administrativa se encuentra en apelación y que la reconsideración fue resuelta parcialmente a favor de la exliquidadora mediante la Resolución N.º 10853-2026/CCO-INDECOPI el 12 de octubre.
Por esta razón, la presidencia de la Junta de Acreedores determinó que no corresponde atender el pedido formulado por DQM en tanto el procedimiento administrativo continúe pendiente de resolución definitiva. La representación sindical sostiene que los cuestionamientos sobre gastos deben ventilarse por los canales institucionales pertinentes, sin condicionar la entrega de recursos destinados al sustento de los extrabajadores y sus familias.
¿Cuáles fueron los resultados de la gestión liquidatoria previa?
Durante el periodo 2022-2024, la administración de Consultores A-1 reportó avances en la desincorporación de activos y la atención de obligaciones sociales:
- Adjudicación de la Unidad Minera Cobriza al Grupo Dyer Coriat por US$ 19,70 millones más IGV, mediante subasta pública extrajudicial concretada el 26 de julio de 2022.
- Dación en pago del Complejo Metalúrgico de La Oroya a favor de 1.245 operarios el 6 de julio de 2022, operación valorizada en S/ 124 millones.
- Regularización registral de 1.045 viviendas transferidas al personal operativo por administraciones previas como amortización de pasivos.
- Acciones legales orientadas a destrabar los fondos del Fideicomiso Pama para avanzar hacia la culminación del régimen concursal.
La firma Consultores A-1 aclaró que en la actualidad no ejerce facultades directivas sobre el patrimonio ni participa en la toma de decisiones, las cuales recaen en el liquidador en funciones, la Junta de Acreedores y el organismo fiscalizador Indecopi.
¿Qué consecuencias afronta el proceso de liquidación?
A quince años del inicio del proceso concursal de Doe Run Perú, surgido en 2010, el diferendo legal posterga el pago definitivo a la masa de trabajadores cesantes. Aparte de dilatar los plazos legales, la pretensión de cobro de DQM condiciona la disponibilidad de capital en las cuentas bancarias asignadas.
Para Consultores A-1, resulta imperativo que los litigios comerciales entre acreedores minoritarios no interfieran con la asignación prioritaria de los activos. La representación laboral mantiene su llamado al Minem y a las entidades reguladoras para evitar medidas cautelares que detengan el flujo del fideicomiso y extiendan la incertidumbre social en la región central del país.
