El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en diversos distritos de algunas provincias de 23 regiones del país ante el peligro inminente de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
La declaratoria permitirá ejecutar medidas excepcionales e inmediatas destinadas a reducir el muy alto riesgo existente, así como desarrollar acciones de respuesta y rehabilitación en las zonas que puedan verse afectadas.
¿Qué regiones están comprendidas?
La emergencia alcanza a diversos distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además de la Provincia Constitucional del Callao.
Durante los 60 días de vigencia de la medida, las autoridades podrán desarrollar intervenciones para disminuir los riesgos derivados de posibles precipitaciones intensas.
Indeci coordinará acciones
Los gobiernos regionales comprendidos en la declaratoria ejecutarán las medidas correspondientes con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
También participarán los ministerios vinculados, así como otras instituciones públicas y privadas involucradas en las acciones de prevención y respuesta.
El decreto establece que las intervenciones deberán guardar relación directa con el peligro generado por las lluvias y podrán modificarse de acuerdo con las necesidades y condiciones de seguridad que se presenten durante su ejecución.
Estas decisiones deberán estar sustentadas en los estudios técnicos elaborados por las entidades competentes.
Medidas se financiarán con presupuestos institucionales
La implementación de las acciones previstas será financiada con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, según establece el decreto supremo.
La norma precisa que las intervenciones no demandarán recursos adicionales al Tesoro Público.
