La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar la Denuncia Constitucional 645 contra el expresidente Pedro Castillo y dos de sus exministros. La decisión, adoptada en sesión presidida por Fernando Rospigliosi, recibió 13 votos a favor y 5 en contra.
La denuncia, presentada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, también involucra al exministro del Interior Dimitri Senmache y al exministro de Defensa José Luis Gavidia. A los tres se les atribuye presunta responsabilidad en el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, según el artículo 399 del Código Penal.
De acuerdo con el informe de calificación que declaró procedente la denuncia, las presuntas irregularidades se vinculan con la designación de Roberto Burgos del Carpio y Arturo Antonio Giles Ferrer como miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar Policial, sin cumplir el proceso establecido ni realizar la evaluación de méritos correspondiente.
En la misma sesión, la Comisión Permanente decidió archivar cinco denuncias constitucionales que la subcomisión declaró improcedentes. Entre estas figuran la Denuncia 644 contra el congresista Alejandro Soto Reyes y la Denuncia 650 contra la presidenta Dina Boluarte y varios de sus exministros.
Con ello, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá iniciar de inmediato las diligencias correspondientes y emitir un informe en el plazo otorgado, mientras avanza la revisión del resto de expedientes pendientes.
