CADE Ejecutivos 2025 reunió en Lima a más de 1,000 representantes del sector empresarial, académico, social y estatal para debatir soluciones frente a un contexto nacional marcado por la desaceleración económica, el avance de actividades ilícitas y la fragilidad institucional. Durante dos días y medio, el foro desarrolló propuestas técnicas orientadas a recuperar la ruta del crecimiento y fortalecer la democracia en un año electoral crítico para el país. La agenda final se estructuró en cinco prioridades que buscan construir un entorno más estable, productivo y confiable para todos los ciudadanos.
La primera prioridad apunta a la necesidad de desburocratizar procesos para impulsar la inversión privada. El foro planteó un “choque desregulatorio” que permita eliminar trámites redundantes, optimizar procedimientos y destrabar proyectos estratégicos valorizados en más de US$ 64 mil millones. Esta propuesta incluye fortalecer la disciplina fiscal mediante una regla que asegure sostenibilidad en el largo plazo, además de reducir los incentivos que alimentan la informalidad. El enfoque se orienta a generar un entorno predecible que estimule la actividad empresarial y acelere la recuperación económica.
La segunda prioridad se centra en enfrentar el crimen organizado y las economías ilegales, cuyo impacto económico ha sido estimado en aproximadamente US$ 20 mil millones al año. El foro presentó un conjunto de medidas que incluyen fortalecer la inteligencia policial con apoyo tecnológico, implementar megapenales de alta seguridad, deportar a delincuentes extranjeros con sentencias firmes y eliminar el régimen Reinfo, considerado un incentivo para actividades ilícitas vinculadas a la minería ilegal. La seguridad, señaló el debate, es una condición indispensable para el desarrollo y la inversión en el país.
Un tercer eje aborda la reforma del sistema de justicia. Con más del 50% de jueces y fiscales en condición provisional, los participantes coincidieron en que la falta de estabilidad afecta la autonomía, la predictibilidad y la efectividad del sistema. Se propuso una reestructuración basada en una línea de carrera meritocrática inspirada en el modelo del Banco Central de Reserva del Perú. Además, se recomendó revisar el esquema actual de control público, que según las intervenciones inhibe decisiones oportunas en la gestión estatal. La reforma apunta a recuperar confianza y garantizar decisiones imparciales.
La cuarta prioridad coloca al ciudadano al centro del diseño de políticas públicas, con un énfasis en salud y educación. El foro coincidió en que no basta con destinar más recursos, sino que se requieren modelos de gestión más eficientes. En salud, las propuestas incluyen modernizar la rectoría de EsSalud, fortalecer la autonomía de DIGEMID y promover mecanismos como las asociaciones público-privadas y las obras por impuestos. En educación, se resaltó la necesidad de impulsar excelencia académica, formación en valores y un mayor énfasis en educación técnica ante las demandas del mercado laboral actual.
El quinto eje resalta el rol del liderazgo democrático desde el sector privado y la ciudadanía. El foro subrayó que la crisis institucional exige participación activa para defender las libertades y promover una cultura cívica que refuerce la democracia. Entre las frases que marcaron el encuentro destacó: “La neutralidad en tiempos de crisis es complicidad por omisión”. Asimismo, se puso en valor el voto informado y la promoción de jóvenes líderes a través de iniciativas como la Comunidad de Jóvenes Líderes, que impulsa espacios de formación y participación para nuevas generaciones.
En su conjunto, las cinco prioridades del encuentro buscan establecer un camino hacia el desarrollo sostenible del país, equilibrando dinamismo económico, seguridad ciudadana, justicia eficaz y fortalecimiento democrático. La hoja de ruta presentada reflexiona sobre la urgencia de tomar decisiones que permitan recuperar capacidades institucionales clave y responder a las necesidades actuales de la población.
El foro también estuvo marcado por el contexto electoral. La proximidad de un proceso general y la incertidumbre política fueron parte del debate, lo que reforzó la importancia de generar consensos y promover políticas públicas basadas en evidencia. La participación de actores diversos permitió articular perspectivas que integran la visión empresarial, la experiencia académica y las prioridades ciudadanas.
A través de esta edición, IPAE Acción Empresarial reafirmó su propósito de promover iniciativas orientadas a la construcción de un país más institucional, justo y con oportunidades para todos. Con una agenda que combina propuestas, análisis y reflexión colectiva, el encuentro busca contribuir a una ruta de acción que permita enfrentar los desafíos inmediatos y avanzar hacia un futuro más estable para el Perú.
